El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado a información pública un nuevo decreto que regula la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública.
Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar un uso seguro, ético y eficiente de la IA, alineándose con las normativas europeas y fomentando la innovación en sectores clave como la sanidad, el sociosanitario y otros ámbitos administrativos.
Un marco legal para un uso ético y eficiente de la inteligencia artificial
El nuevo decreto busca asegurar que el uso de la inteligencia artificial en la administración pública respete la autonomía humana y se utilice para mejorar la calidad, personalización y proactividad de los servicios públicos.
La norma está diseñada para garantizar que los desarrollos tecnológicos contribuyan de manera efectiva al bienestar social, optimizando procesos en áreas como el sistema sanitario y los servicios públicos en general.
Este marco regulatorio se construye sobre la base de un trabajo colaborativo que ha involucrado a expertos de diversas áreas.
El grupo de trabajo multidisciplinar encargado de su elaboración estuvo presidido por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, e incluyó a representantes de la administración autonómica y estatal, académicos de la Universidad de Oviedo, así como representantes del sector empresarial y sindicatos.
El objetivo era crear una normativa que no solo sea efectiva, sino que también esté alineada con los estándares éticos y legales de la comunidad.
Entorno de pruebas controlado para garantizar la seguridad
Una de las principales características del decreto es la creación de un entorno de pruebas controlado.
Este entorno permitirá evaluar los sistemas de inteligencia artificial antes de su implementación en los servicios públicos, asegurando que sean adecuados y que cumplan con los requisitos de seguridad, eficacia y ética.
El procedimiento tiene como objetivo verificar la idoneidad de los sistemas de IA, garantizando que aquellos que se implementen realmente mejoren la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, y que no representen ningún riesgo para los datos ni para el bienestar de la ciudadanía.
Con esta medida, se pretende garantizar que solo se utilicen tecnologías que sean beneficiosas para el funcionamiento de la administración y que respeten los derechos fundamentales.
Colaboración entre sector público y privado para la innovación
El decreto también abre la puerta a una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado en el ámbito de la inteligencia artificial.
A través de la puesta en común de recursos entre el Principado y los concejos, se promoverá una gobernanza colaborativa que impulse la innovación tecnológica en la administración pública.
Además, la norma responde a la creciente demanda del sector tecnológico, que busca soluciones más avanzadas y eficientes para mejorar los servicios públicos.
Al fomentar la colaboración, el gobierno asturiano busca impulsar un ecosistema de innovación donde tanto las administraciones como las empresas tecnológicas puedan trabajar juntas para desarrollar soluciones que optimicen la gestión pública.
Asturias, a la vanguardia en la aplicación responsable de la IA
Con esta nueva regulación, Asturias se posiciona como una de las comunidades autónomas más avanzadas en la aplicación responsable de la inteligencia artificial en la administración pública.
El Gobierno del Principado ha destacado que esta iniciativa es un paso fundamental para garantizar que la IA transforme los servicios públicos de manera positiva, beneficiando a toda la ciudadanía y mejorando su calidad de vida.
De este modo, Asturias se presenta como un referente en el uso responsable de tecnologías emergentes, con un marco que asegura tanto la innovación como la seguridad y ética en su implementación.