La Federación Asturiana de Concejos prepara un documento común en apoyo del manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras, mientras el catedrático Leopoldo Tolivar ve viable la nulidad del peaje por su prórroga ilegal.
La ofensiva institucional para lograr la nulidad del peaje del Huerna gana fuerza en Asturias. A la Alianza por las Infraestructuras, impulsada por el Gobierno del Principado y respaldada por partidos políticos, empresarios, sindicatos y asociaciones, se unirán previsiblemente los ayuntamientos asturianos. La Federación Asturiana de Concejos (FAC) ultima un documento común que pedirá el fin del cobro, sumándose así a la postura defendida por el Ejecutivo autonómico. Paralelamente, el debate jurídico sobre la legalidad de la concesión cobra protagonismo: el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar Alas considera que la Justicia podría declarar nula la prórroga del contrato, abriendo la puerta incluso a posibles responsabilidades políticas.
Los concejos se alinean con la nulidad del peaje
La FAC, que agrupa a los 78 municipios asturianos, celebrará una reunión con sus vicepresidentes para cerrar el texto que formalizará su adhesión a la causa por la nulidad del peaje del Huerna. Aunque el organismo no forma parte de la Alianza por las Infraestructuras, su incorporación supondría un paso más hacia la unanimidad institucional que el Gobierno regional persigue en torno a lo que considera “un agravio histórico” para Asturias.
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha puesto en marcha un sistema para que “colectivos y asociaciones” puedan aportar propuestas y unirse al manifiesto. Con esta iniciativa, el Principado busca mantener un frente común que ya demostró su solidez cuando sindicatos, empresarios y asociaciones cerraron filas en torno al consejero frente a las críticas del Ministerio de Transportes.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, declaró recientemente ilegal la ampliación de la concesión del Huerna hasta 2050, lo que ha reactivado las demandas de su rescate o supresión. La infraestructura, que conecta Asturias con la meseta a través de la autopista AP-66, debía quedar liberada de peaje en 2021, pero su concesión fue prorrogada tres décadas más por decisión del Ministerio de Fomento durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos.
Un frente común para exigir la nulidad del peaje
Además del consenso interno, el Principado avanza en la creación de un frente interregional con Galicia y Castilla y León, comunidades también afectadas por el Huerna y por la autopista AP-9. El objetivo es trasladar una posición conjunta ante el Gobierno central y ante las instituciones europeas, buscando una revisión global del modelo concesional en el noroeste peninsular y defendiendo la fcomo solución justa y definitiva.
Desde el Ejecutivo asturiano subrayan que el coste de salir a la meseta a través del Huerna es “muy superior” al que asumen los ciudadanos de otras comunidades para desplazarse a Madrid, lo que supone una desventaja competitiva y una vulneración del principio de igualdad territorial.
“La Justicia puede declarar la nulidad del peaje”
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas, considera poco probable que el Gobierno central opte por el rescate de la autopista —debido a su alto coste económico— y se inclina por la anulación judicial, es decir, la nulidad del peaje. “La Justicia puede declarar nulo el peaje, y pueden exigirse responsabilidades”, sostiene.
Tolivar plantea que el Gobierno podría iniciar una revisión de oficio del acuerdo que prorrogó la concesión, con dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado. Sin embargo, reconoce que el Ministerio de Transportes no parece dispuesto a recorrer ese camino, argumentando que la prórroga se configuró como un “contrato doméstico” y que su anulación acarrearía un efecto económico en cascada difícil de asumir.
Aun así, el jurista subraya que la nulidad no tiene límite temporal, lo que permitiría cuestionar judicialmente una decisión adoptada hace más de dos décadas. “La ley dice que se puede pedir en cualquier momento, aunque el Consejo de Estado suele rechazar revisiones de oficio transcurridos más de diez años por motivos de buena fe o equidad. Pero en este caso, la ilegalidad señalada por la Comisión Europea refuerza los argumentos para impugnar la prórroga”, explica.
Indemnizaciones, responsabilidades y el debate sobre la nulidad del peaje
El principal temor del Estado, según Tolivar, reside en el efecto dominó que una eventual nulidad del peaje podría generar: la concesionaria podría reclamar indemnizaciones, al igual que los usuarios y las patronales del transporte, por los perjuicios derivados del cobro durante años. “Ahí está el eje de la cuestión: la libertad de tránsito frente al riesgo de una cadena de resarcimientos millonarios”, resume el catedrático.
El experto recuerda además que la prolongación de la concesión se justificó en su día como una medida para facilitar la privatización de la autopista, culminada dos años después. En su opinión, en el procedimiento administrativo “podrían haberse cometido irregularidades o temeridades jurídicas”, lo que abriría la puerta a responsabilidades políticas.
“Siempre se menciona a Álvarez-Cascos como ministro que aprobó la prórroga, pero detrás hay un expediente administrativo con posibles decisiones discutibles. Al final, todo depende de la voluntad política”, concluye Tolivar.