Asturias pone en marcha el observatorio de la innovación a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo gracias a un contrato público para crear un sistema avanzado de análisis de datos, que permitirá evaluar el impacto de las ayudas autonómicas en las empresas.
Impulso al análisis científico
Esta iniciativa pone en marcha una medida incluida en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientada a crear herramientas de análisis y seguimiento del sistema científico y tecnológico para mejorar las políticas públicas.
El contrato permitirá desarrollar una plataforma que reunirá y procesará datos de distintas fuentes, como fondos europeos, ayudas autonómicas o registros estatales.. Con la ayuda de un presupuesto de 18.000 euros se quiere ofrecer una visión global de la financiación recibida por las empresas asturianas.
Asturias pone en marcha el Observatorio de la Innovación
El nuevo sistema permitirá seguir de cerca indicadores clave como el volumen de ayudas, el número de empresas beneficiarias, su distribución por territorio y sectores, así como su evolución en el tiempo. También contará con herramientas avanzadas de visualización y análisis geoespacial para detectar patrones y oportunidades en el ecosistema innovador asturiano.
La iniciativa busca acabar con la dispersión actual de datos y avanzar hacia una gestión pública basada en la evidencia, reforzando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Integración y estrategia de datos
El Observatorio formará parte del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI) y se alineará con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), así como con las políticas de digitalización y gestión del dato del Gobierno autonómico.
Impulsada por la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital, esta herramienta permitirá seguir la captación de fondos, medir su impacto en el territorio y mejorar la planificación estratégica para reforzar la competitividad empresarial.
La licitación, con un plazo de ejecución de tres meses desde su adjudicación, permitirá contar con una herramienta adaptable y ampliable al servicio de la Administración autonómica.