Asturias reforzará la protección de los consumidores regionales frente a los retos de un mercado cada vez más digital y a las nuevas formas de compra y venta de productos y servicios. Como parte de esta actualización, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, que adopta la legislación vigente desde 2002 a la era digital e introduce multas a comercios digitales que incumplan las normas de protección al consumidor.
Multas a comercios digitales: sanciones de hasta 1 millón para proteger al consumidor
El nuevo marco jurídico refuerza la protección del consumidor y establece multas a comercios digitales para quienes incumplan la normativa.
Las sanciones van de 150 a 10.000 euros para infracciones leves, de 10.001 a 100.000 euros para as graves y hasta 1 millón para las muy graves.
Además, la ley incluye una cláusula excepcional para infracciones de gran impacto. Si la acción genera un riesgo para la salud o seguridad, afecta a muchas personas o causa un daño social significativo, la multa podrá superar el millón de euros y multiplicar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
Protección al consumidor: multas a comercios digitales por infracciones graves
La normativa establece un listado detallado de infracciones graves. Entre ellas se incluyen la comercialización de productos defectuosos o inseguros y la falta de medidas de retirada, inmovilización o advertencia cuando sea necesario. También se consideran infracciones las prácticas de fraude, adulteración o publicidad engañosa.
Se consideran graves, además, la difusión de información que oculte datos esenciales o induzca a error sobre las características de productos o servicios, y la omisión de la indicación clara de carácter publicitario de los mensajes comerciales. Para estas conductas se prevén multas a comercios digitales, reforzando la protección del consumidor, garantizando la transparencia en el mercado evitando que el incumplimiento resulte rentable para las empresas.
La normativa también sanciona las visitas comerciales sin consentimiento previo, las cláusulas abusivas, los contratos fuera de establecimiento y los incumplimientos de garantías o de información esencial. En los casos más graves, las sanciones pueden incluir cierre del establecimiento o decomiso de mercancías.
Mayor protección y transparencia para los consumidores
La nueva regulación busca frenar prácticas comerciales invasivas y compras no deseadas, garantizando los derechos de los consumidores.
También mejora los periodos de garantía, refuerza el derecho a la reparación y ofrece protección especial a las personas consumidoras vulnerables.
Además, promueve las transparencia y la responsabilidad empresarial, asegurando que las infracciones no resulten rentables.
