Asturias quiere aprovechar la inteligencia artificial para agilizar los servicios públicos, reducir la burocracia y mejorar la atención a la ciudadanía. Sin embargo, el Principado pretende avanzar sin renunciar a la transparencia, la protección de derechos y el control humano.
El Gobierno autonómico ha presentado las líneas maestras de su Estrategia de Inteligencia Artificial. Esta hoja de ruta orientará la implantación de la IA en la Administración durante los próximos años.
La presentación coincidió con la primera reunión del Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial de Asturias, conocido como Sendia. Este órgano independiente asesorará al Principado y analizará los riesgos asociados al uso de sistemas automatizados. strategia de inteligencia artificial para agilizar la Administración
El objetivo principal consiste en utilizar la inteligencia artificial para simplificar procedimientos y reducir cargas administrativas. También permitirá ordenar información, analizar expedientes y automatizar tareas repetitivas.
De esta forma, los empleados públicos podrán dedicar más tiempo a funciones que requieren criterio profesional, atención personal y conocimiento especializado.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió durante la presentación que la IA ofrece una oportunidad para modernizar los servicios públicos. No obstante, también subrayó que la Administración debe introducirla con garantías y siempre al servicio del interés general.
El planteamiento del Gobierno autonómico se resume en una idea: la tecnología debe ayudar a tomar decisiones, pero no puede sustituir automáticamente la responsabilidad humana.
Qué cambios puede introducir la IA en los servicios públicos
La aplicación de inteligencia artificial puede mejorar distintas áreas de la Administración asturiana. Entre otras posibilidades, permitirá:
- Reducir los tiempos de tramitación.
- Detectar errores en documentos y expedientes.
- Automatizar tareas administrativas repetitivas.
- Clasificar grandes volúmenes de información.
- Responder consultas frecuentes.
- Mejorar la orientación durante los trámites.
- Identificar cuellos de botella en los procedimientos.
El Decreto 98/2025 ya establece que los sistemas de IA pueden utilizarse para mejorar la prestación de servicios públicos, optimizar los procedimientos administrativos y avanzar hacia una Administración más personalizada y proactiva. rramientas también podrían facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración. Sin embargo, el resultado dependerá de cómo se diseñen, implanten y supervisen los sistemas.
Inteligencia artificial sí, pero con control humano
La inteligencia artificial ofrece ventajas importantes, pero también plantea riesgos. Un sistema automatizado puede reproducir sesgos, utilizar datos inadecuados, ofrecer resultados incorrectos o tomar decisiones difíciles de explicar.
Estos problemas adquieren especial relevancia cuando afectan a servicios sociales, educación, empleo público, prestaciones o procedimientos administrativos.
Por este motivo, el marco asturiano reconoce el derecho de las personas a solicitar intervención humana cuando una decisión administrativa automatizada les afecte. Además, exige que los sistemas permitan revisar sus resultados y reconstruir el proceso seguido para obtenerlos. tegia también contempla plataformas con mecanismos de trazabilidad. Esto permitirá registrar cómo funciona cada sistema, qué información utiliza y qué resultados genera.
El objetivo consiste en evitar que una herramienta tecnológica se convierta en una caja negra imposible de revisar.
Asturias ya cuenta con una regulación específica sobre inteligencia artificial
El Principado no parte de cero. En julio de 2025 aprobó el Decreto 98/2025, que regula el uso de la inteligencia artificial en la Administración autonómica y en su sector público.
La norma establece criterios para desarrollar, implantar, supervisar y evaluar sistemas de IA. También define un modelo de gobernanza y regula la creación de entornos controlados de pruebas. se convirtió así en una de las primeras comunidades autónomas españolas con un marco específico para ordenar el uso público de esta tecnología.
El decreto exige que los sistemas respeten la normativa vigente, tengan solidez técnica y persigan una finalidad relacionada con la mejora de los servicios públicos.
Además, impide contratar determinados sistemas que no hayan superado el proceso de pruebas o que no dispongan de la correspondiente declaración de conformidad.
Entornos seguros para probar los sistemas de IA
La regulación asturiana contempla un entorno controlado para probar los sistemas antes de implantarlos. La Dirección General competente en inteligencia artificial asumirá la gestión de este espacio.
Las pruebas analizarán los datos de entrenamiento, los modelos utilizados, los entornos de ejecución y el comportamiento general del sistema. Un equipo interdisciplinar deberá participar en la evaluación.
Ese equipo podrá reunir perfiles tecnológicos, jurídicos, sociales y éticos. Así, el Principado no limitará el análisis al funcionamiento técnico de la herramienta.
El proceso tendrá dos fases. La primera verificará el sistema antes de su implantación. La segunda realizará un seguimiento de sus efectos y resultados una vez que empiece a utilizarse. emas también deberán registrar su actividad, ofrecer información comprensible y permitir la supervisión de personas físicas.
Sendia supervisará la inteligencia artificial en Asturias
La creación de Sendia refuerza este modelo de control. El Decreto 34/2026, de 18 de mayo, regula su funcionamiento como órgano colegiado de asesoramiento, propuesta, apoyo técnico y seguimiento.
El comité depende de la Dirección General competente en inteligencia artificial, pero incorpora representantes externos para aportar una visión independiente.
Sendia cuenta con miembros de la Administración autonómica, la Universidad de Oviedo, organizaciones empresariales, sindicatos, centros tecnológicos, entidades del tercer sector y profesionales especializados.
Entre sus integrantes también aparecen representantes del Clúster TIC Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática del Principado. s serán las funciones del comité Sendia
Sendia podrá emitir dictámenes y recomendaciones sobre los sistemas de inteligencia artificial que quiera utilizar la Administración.
Sus informes no tendrán carácter vinculante, pero aportarán criterios técnicos, jurídicos, académicos y éticos durante el proceso de evaluación.
Entre sus principales funciones se encuentran:
- Analizar el impacto de los sistemas sobre los derechos fundamentales.
- Evaluar posibles riesgos sociales, económicos y medioambientales.
- Proponer criterios sobre transparencia y supervisión humana.
- Examinar riesgos de discriminación directa o indirecta.
- Recomendar buenas prácticas para adquirir y utilizar sistemas de IA.
- Participar en la formación de los empleados públicos.
- Analizar los resultados de los sistemas ya implantados.
- Proponer medidas correctoras o incluso la retirada de una herramienta.
El comité prestará especial atención a los efectos de la inteligencia artificial sobre colectivos vulnerables. También estudiará su impacto en ámbitos como los servicios sociales, la igualdad y la atención ciudadana. s primeros trabajos figura el análisis del borrador de la Estrategia Digital antes de que el Consejo de Gobierno estudie su aprobación.
Formación en inteligencia artificial para los empleados públicos
La estrategia incorpora un programa de capacitación para el personal de la Administración.
Los empleados públicos deberán conocer las posibilidades de estas herramientas, pero también sus limitaciones. Necesitarán identificar errores, proteger datos personales y saber cuándo deben rechazar una respuesta automatizada.
La formación también deberá abordar los riesgos éticos y jurídicos. Utilizar una herramienta sin entender su funcionamiento puede provocar decisiones incorrectas o una dependencia excesiva de sus resultados.
Sendia contribuirá al diseño de estos programas y aportará contenidos relacionados con la ética, la normativa y los derechos fundamentales.
La tecnología puede agilizar el trabajo administrativo, pero la responsabilidad continuará correspondiendo a las personas que gestionan cada procedimiento.
El Reglamento europeo marca el calendario
La iniciativa asturiana coincide con la aplicación progresiva del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.
La norma europea entró en vigor el 1 de agosto de 2024. La mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicarse con carácter general el 2 de agosto de 2026, aunque determinadas obligaciones y disposiciones transitorias completarán su aplicación en 2027. mento europeo clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. También establece requisitos específicos sobre transparencia, documentación, seguridad, supervisión y protección de los derechos fundamentales.
España avanza al mismo tiempo en su adaptación normativa. El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial.
El proyecto identifica los organismos responsables de supervisar el Reglamento europeo, establece un régimen sancionador e incorpora medidas para fomentar la adopción de IA en el sector público estatal. dministración digital que no deje a nadie atrás
La modernización de los servicios públicos plantea otro desafío: evitar que la digitalización aumente las desigualdades.
Una Administración más automatizada puede resultar útil para las personas acostumbradas a utilizar herramientas digitales. Sin embargo, también puede generar dificultades para mayores, habitantes de zonas rurales o ciudadanos con menos competencias tecnológicas.
Por eso, la inteligencia artificial no debe eliminar la atención presencial ni sustituir todos los canales tradicionales.
La tecnología debe facilitar los trámites, ofrecer explicaciones comprensibles y ayudar a quienes necesitan más acompañamiento. La eficiencia no puede alcanzarse a costa de excluir a una parte de la población.
Asturias quiere desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial
La estrategia no se limita a adquirir herramientas desarrolladas por grandes proveedores tecnológicos.
El Principado plantea crear capacidades propias, infraestructuras especializadas y entornos seguros de experimentación. También quiere reforzar la colaboración con universidades, empresas, centros tecnológicos y agentes sociales.
El objetivo consiste en que Asturias no actúe únicamente como usuaria de inteligencia artificial. La comunidad también aspira a generar conocimiento, atraer talento y participar en el desarrollo de soluciones aplicadas a ámbitos estratégicos. ítica puede contribuir a mejorar la competitividad empresarial y fortalecer el ecosistema tecnológico asturiano. No obstante, sus resultados dependerán de los recursos, la planificación y los proyectos concretos que se ejecuten.
El verdadero examen será la aplicación práctica
La estrategia presenta un marco ambicioso, pero su eficacia no dependerá únicamente de la regulación.
El Gobierno deberá concretar qué proyectos pondrá en marcha, cuánto presupuesto destinará y qué indicadores utilizará para evaluar los resultados.
También tendrá que publicar información sobre los sistemas implantados, las auditorías realizadas, los errores detectados y las medidas correctoras adoptadas.
El éxito se medirá por sus efectos reales. Los ciudadanos deberán comprobar si los trámites se resuelven antes, si reciben mejores respuestas y si pueden reclamar cuando una herramienta se equivoca.
Servicios públicos más rápidos, pero no menos humanos
Asturias quiere utilizar la inteligencia artificial para construir una Administración más ágil, cercana y eficiente. Al mismo tiempo, pretende mantener la transparencia, la trazabilidad y la intervención humana.
Sendia asumirá una parte importante de esa vigilancia. El comité deberá detectar riesgos, plantear recomendaciones y analizar el impacto de los sistemas implantados.
La inteligencia artificial puede reducir tareas repetitivas y mejorar la gestión pública. Sin embargo, no debe convertirse en una barrera automática entre la Administración y la ciudadanía.
La mejor inteligencia artificial para los servicios públicos no será necesariamente la más avanzada. Será aquella que reduzca esperas, facilite los trámites y permita a los empleados públicos atender mejor a las personas sin poner en riesgo sus derechos.