El Gobierno del Principado de Asturias llevará este martes al consejo de administración de Cogersa su propuesta de la planta de fracción resto de Serín, conocida como la “plantona”, cuya reconstrucción tras el incendio de abril de 2024 está prácticamente finalizada. Los 78 municipios que forman parte del consorcio tendrán la última palabra sobre el futuro de la gestión de residuos de la instalación, pero hasta ahora no han recibido documentación ni detalles técnicos sobre el plan.
Obras a punto de concluir y calendario apretado
La planta, inaugurada en enero de 2024 tras una inversión de 63,7 millones de euros, quedó inutilizada apenas 113 días después debido a un incendio que arrasó la nave principal. Su reconstrucción ha supuesto un gasto adicional de 14,7 millones y está prevista que finalice en noviembre de este año, según explicó el consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, durante la última comisión parlamentaria.
El calendario es ajustado: una vez entregada la nave por la empresa constructora Valtalia, será necesario disponer de 60 operarios para iniciar la gestión de residuos y ajustar la maquinaria. Todavía no se ha definido si este personal dependerá directamente de Cogersa, se contratará a través de una empresa pública auxiliar o mediante una compañía privada.
Tres modelos en disputa para la gestión de residuos
La discusión sobre la gestión de residuos de la planta se centra en tres posibles modelos:
Gestión directa por Cogersa: Implicaría ampliar la plantilla y asumir directamente la contratación y formación de los 60 operarios. Esta opción cuenta con el apoyo de IU, Foro Asturias, Covadonga Tomé y los sindicatos UGT y CCOO, que defienden que la planta debe ser explotada mediante medios públicos.
Encargo a un medio propio público (como Tragsa): Sería una solución transitoria que permitiría explotar la instalación mientras se definen los parámetros técnicos definitivos. Algunos actores la consideran una vía intermedia aceptable.
Externalización mediante licitación pública: El plan anual de contratación aprobado en julio contempla un contrato de hasta 96,3 millones de euros por cinco años. En este modelo, una empresa privada gestionaría la planta y se encargaría de la comercialización de los subproductos, incluido el combustible sólido recuperado (CSR). Esta opción ha generado fricciones dentro del Gobierno y críticas de los sindicatos por los posibles efectos sobre el empleo y los costes del servicio.
El papel decisivo de los ayuntamientos
Cogersa es un consorcio en el que participan el Principado y los 78 municipios asturianos, por lo que cualquier decisión relevante sobre la gestión de residuos requiere mayoría en el consejo de administración. En la práctica, esto otorga a los ayuntamientos un papel determinante en la votación del modelo de gestión.
Sin embargo, los representantes municipales han expresado su preocupación por la falta de información previa: hasta la fecha no han recibido informes técnicos ni comparativas de costes entre las distintas opciones. Alejandro Calvo aseguró que la decisión será adoptada “de manera transparente y coordinada”, y recordó que “los ayuntamientos tendrán la última palabra”.
Impacto económico directo en los ciudadanos
El modelo elegido tendrá repercusión directa en la tarifa que los municipios pagan a Cogersa por la gestión de residuos, y, por tanto, en la tasa de basura de los hogares asturianos. Aunque Calvo aseguró que los costes están “equilibrados” y que los concejos que más reciclan ya pagan menos, los sindicatos advierten que la externalización podría encarecer la gestión de residuos y precarizar las condiciones laborales.
La decisión final no solo afectará a la estructura operativa de la planta, sino también al bolsillo de los asturianos, haciendo que el debate técnico tenga un impacto económico real y tangible.
La incógnita del CSR en la gestión de residuos
Otro de los principales retos en la “plantona” es el destino del CSR, un material derivado de la fracción no reciclable de la basura, diseñado para su uso como combustible industrial. La planta producirá unas 150.000 toneladas anuales, pero hasta ahora no se ha encontrado un mercado viable.
Antes del incendio, se intentó colocar el producto mediante un contrato de 16 millones de euros, que quedó desierto. La normativa europea permite almacenarlo solo durante un máximo de dos años, por lo que su aprovechamiento constituye un desafío logístico, ambiental y político dentro de la gestión de residuos.
Un consejo decisivo y un futuro incierto
El consejo de administración de Cogersa del 7 de octubre se perfila como una cita clave para la gestión de residuos en Asturias. Los representantes municipales evaluarán la propuesta del Principado y decidirán si la respaldan, modifican o posponen.
La sesión llega precedida de un clima de tensión institucional y de falta de información, lo que aumenta la presión para tomar una decisión que asegure tanto la viabilidad técnica como económica de la gestión de residuos, la estabilidad laboral y la sostenibilidad del sistema de residuos asturiano.